Ecuador se sumó a los países latinoamericanos con leyes de protección de datos personales el 26 de mayo de 2021. La ley estableció un plazo de dos años para que las empresas tuviesen tiempo suficiente para adaptar sus operaciones a la norma. Al concluir este plazo de dos años, cualquier infracción podrá ser sancionada con una multa entre 0,7% y 1% de la facturación, dependiendo de su gravedad. A medida que se acerca el fin del período de gracia, aún no se ha constituido la Superintendencia de Protección de Datos Personales, acción que requiere una terna presentada por el presidente de la República al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el fin de nombrar la autoridad de control. Además, la nueva superintendencia requerirá un presupuesto y directrices para ejercer sus responsabilidades y administrar el Registro Nacional de Protección de Datos, cosa que podría retrasar el proceso y aplazar la entrada en vigor del régimen sancionador de la ley.