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The Privacy Advisor | Tribunal nombra a delegado de protección de datos en Argentina Related reading: A view from Brussels: EDPS sends signal on data transfers 

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Dentro de un proceso sucesorio, un juzgado local de primera instancia de la Ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, designó un delegado de protección de datos personales.

En una decisión inusual, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 de Azul remarcó que, a partir de la interacción de los organismos jurisdiccionales en ecosistemas digitales, se ha multiplicado la difusión de la información judicial, lo cual, de alguna manera, ha llevado a convertir estos organismos en epicentros del big data, modificando el concepto de publicidad contenido en el código procesal.

En esa misma línea, el tribunal destacó que aún cuando la prestación del servicio de justicia está sujeto a la premisa de Justicia Abierta, dicho ideal debe alcanzarse sin desmerecer la necesidad de garantizar el derecho a la intimidad de los participantes en el proceso.

Así, y recordando la participación del juez en un proyecto de investigación llamado Intimidad, determinación informativa e identidad soberana en la sociedad de la información, y tomando en consideración que el sistema operativo Augusta—utilizado por el tribunal—no permite la disociación o anonimización de los datos, el tribunal decidió aplicar ciertas medidas adicionales por sobre las que normalmente tomaría.

En ese sentido, decidió designar a la secretaria del tribunal como delegada de protección de los datos personales involucrados en el proceso, quien se encargaría de controlar la aplicación de la política de protección de datos aplicable, e interactuar con la Autoridad de Protección de Datos Personales y el Departamento de Comunicación y Prensa de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la decisión del tribunal aclara que las partes podrán solicitar al delegado de protección de datos la supresión, anonimización o disociación de sus datos personales cuando lo consideren pertinente.

Esta es la primera vez que un tribunal nombra un delegado de protección de datos para proteger datos personales dentro de un proceso específico.

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