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La Constitución Dominicana contempla la protección de los datos personales como parte del derecho a la intimidad. Así es que la Ley 172-13 tiene por objeto la protección integral de los datos personales. Ésta busca salvaguardar los datos personales; reconoce los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, pero no establece un órgano regulador, excepto para la información financiera (la Superintendencia de Bancos), lo que dificulta su justa aplicación.
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