La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) pasará a ser una autoridad especial. Con el cambio, la entidad tendrá plena autonomía administrativa y presupuestaria, desvinculándose de la Presidencia. Se espera que la ANPD ahora tenga la capacidad de priorizar acciones y generar mejores resultados, acercándose tanto al ejemplo de las autoridades europeas ejemplares como al debate internacional. La reforma consolida la protección de datos como política constitucional del Estado, aunque aún requiere la aprobación del Congreso Nacional para ser convertida en ley.
(en portugués)