El proyecto busca determinar la información que los proveedores deben suministrar a los consumidores y las responsabilidades que tienen a la hora de utilizar la inteligencia artificial para ofrecer y otorgar sus bienes y servicios.
Según su propio texto, uno de los principales fundamentos que impulsó la redacción del proyecto de ley se centra en asegurar que el uso de la IA en las relaciones de consumo garantice los derechos de los consumidores y su libertad de elección. Además, se destaca la necesidad de capacitar al consumidor para que pueda detectar las vulnerabilidades que puedan surgir del uso de la IA en la oferta de bienes y servicios. De este modo, se busca que el consumidor tome decisiones informadas y seguras.
El proyecto introduce el concepto de “inteligencia artificial” como “el conjunto de algoritmos y técnicas que permite a un sistema informático simular procesos cognitivos humanos, como el aprendizaje, la toma de decisiones y el reconocimiento de patrones”. También, define a “las decisiones automatizadas” como “aquellas acciones tomadas por sistemas de inteligencia artificial sin intervención humana directa, basadas en algoritmos y análisis de datos”.
A su vez, el proyecto establece que los proveedores tendrán la obligación de informar a los consumidores el uso de la IA para ofertar sus bienes y servicios, y deberán proporcionar una explicación sobre el funcionamiento del sistema y los datos que se utilizan para tomar las decisiones. También, prevé la obligación de los proveedores de garantizar que los sistemas de IA implementados no amplifiquen sesgos injustos o discriminación basados en el género, raza, religión u orientación sexual y establece la responsabilidad de los proveedores sobre cualquier daño que puedan causar las decisiones automatizadas sobre los derechos del consumidor. Además, determina que las sanciones por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 24.240 podrían implicar multas, la suspensión de actividades comerciales o el retiro de licencias.
Asimismo, se propone la modificación del artículo 4 de la ley 24.240 que establece el deber de información de los proveedores de bienes y servicios, ampliándolo al uso de la IA en los productos y servicios que ofrecen.
Por último, el proyecto plantea la modificación del artículo 8 de la ley 24.240—que regula la oferta de los bienes y servicios y los efectos que tienen las publicidades—para que el proveedor informe a los consumidores cuándo las imágenes, audios, videos y/o cualquier soporte digital utilizado en publicidades, anuncios, redes sociales o cualquier medio de difusión impliquen el uso de la IA.
El proyecto informa que con estas modificaciones es su intención que los consumidores puedan tomar decisiones mejor informados y que puedan conocer cuando están interactuando con la IA.
Diego Fernández es socio de la firma argentina Marval O’Farrell Mairal y es asimismo miembro del IAPP Advisory Board.