Notas de la IAPP América Latina: Maduración regulatoria, desafíos institucionales y nuevos riesgos en IA

Es un gran honor estrenar este espacio en el LatAm Digest —que sigo desde hace al menos 10 años—, junto a queridos amigos a quienes admiro mucho. Dicho esto, vamos al contenido.

El mes de mayo en América Latina no trajo grandes novedades, pero seguimos avanzando en la maduración regulatoria y la consolidación institucional de las autoridades locales, donde se destacan Brasil, Perú y Chile.

En Brasil, la ANPD publicó su primer informe institucional desde que se convirtió formalmente en una agencia reguladora, con detalles sobre los 81 procesos de fiscalización instaurados en 2025, las 12.701 solicitudes de titulares respondidas y las 52 reuniones internacionales. La publicación consolida el ciclo de transición de órgano de la Presidencia a agencia reguladora vinculada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con autonomía funcional, técnica, decisoria, administrativa y financiera.

Perú avanzó en los temas de IA con la aprobación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026–2030, que aborda el desarrollo, la adopción y la supervisión de la IA en el sector público. El texto crea la figura del oficial de inteligencia artificial en cada entidad pública, instituye el Catálogo IA Perú y obliga a estas entidades a adoptar la ISO 42001:2025.

En Chile la situación es algo más crítica, ya que el Senado rechazó, por falta de quórum, el oficio presidencial que proponía a los consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales. El Consejo Directivo debía estar constituido seis meses antes de la entrada en vigor de la Ley 21.719, plazo que vence justamente a fines de mayo de 2026. El rechazo obliga al Ejecutivo a presentar una nueva terna con carácter de urgencia o a buscar una adecuación normativa.

Por último, quiero destacar un tema que ganó notoriedad en Brasil en las últimas semanas, pero que ciertamente no es un riesgo específico de este país: el uso de inyecciones de “prompts” en procesos judiciales para intentar influir en herramientas de IA que estén siendo empleadas por las partes contrarias e incluso por los propios jueces.

Considerando los riesgos potenciales involucrados y la aparente falta de discusión sobre gobernanza de IA por parte de los poderes judiciales de los países de la región, quizás exista una oportunidad para que nosotros, profesionales de la gobernanza de tecnología, iniciemos un movimiento de concientización sobre este problema.