Notas de la IAPP América Latina: La gobernanza de la IA en América Latina empieza a ponerse en práctica

En América Latina, la conversación sobre IA está dejando de centrarse exclusivamente en principios, proyectos de ley o grandes definiciones regulatorias. Las novedades recientes muestran una tendencia más concreta: autoridades, tribunales y organismos públicos están empezando a probar sistemas, mapear sus usos, introducir salvaguardas y aplicar reglas existentes de privacidad, transparencia, seguridad y responsabilidad profesional a nuevas tecnologías.

No pareciera existir todavía un modelo regional único. Tampoco todos los países avanzan al mismo ritmo. Sin embargo, Brasil, Chile, Colombia y Argentina parecen ofrecer ejemplos de una región que comienza a traducir las discusiones sobre gobernanza de IA en decisiones institucionales y controles operativos.

En Argentina, esta evolución es particularmente visible en el sistema de justicia. El Ministerio de Justicia creó la Mesa Estratégica de Inteligencia Artificial en la Justicia, con el objetivo de coordinar iniciativas, identificar necesidades y capacidades, y promover casos de uso y proyectos piloto. La medida no pretende establecer un régimen general de IA, sino crear un marco institucional para la innovación, la experimentación y la adopción responsable de herramientas tecnológicas. La resolución incorpora, además, referencias expresas a la protección de datos personales, seguridad de la información, propiedad intelectual, transparencia, supervisión humana, trazabilidad y evaluación de riesgos.

La práctica judicial también empieza a delimitar responsabilidades. Recientemente, una cámara de apelaciones de la provincia de Buenos Aires sostuvo que el uso de IA generativa, por sí solo, no invalida un recurso judicial. El punto relevante no fue la herramienta utilizada, sino la falta de revisión profesional de sus resultados. La decisión sugiere que la asistencia de IA no desplaza la responsabilidad del abogado por los argumentos, las citas y las fuentes que presenta ante un tribunal.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación implementó una herramienta para anonimizar documentos judiciales antes de su publicación o entrega a terceros. La plataforma identifica distintas categorías de datos personales y permite aplicar criterios de protección, aunque mantiene la revisión humana como requisito previo a la difusión. Es un ejemplo interesante de IA utilizada no solo para automatizar procesos, sino también para reforzar las garantías de privacidad en un entorno de transparencia judicial.

En el plano legislativo, un proyecto presentado en el Congreso propone establecer obligaciones de identificación y etiquetado para contenidos generados o modificados mediante IA, así como reglas sobre las representaciones digitales de la imagen y la voz de las personas. La iniciativa aún no tuvo un avance significativo y refleja cierta preocupación por la transparencia de los contenidos sintéticos, el consentimiento y la protección frente a réplicas digitales.

Brasil, por su parte, continúa desarrollando uno de los ejercicios regulatorios más concretos de la región. La Agencia Nacional de Protección de Datos publicó el tercer informe parcial de monitoreo de su sandbox regulatorio sobre IA y protección de datos. El programa analiza soluciones de los sectores financiero, de movilidad y de salud, y ya avanza sobre controles de seguridad, flujos de datos, explicaciones de decisiones automatizadas y advertencias sobre los límites de uso de herramientas de apoyo clínico.

Por otro lado, en Chile, el Consejo para la Transparencia identificó 161 sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas en 61 instituciones públicas y anunció el desarrollo de un catálogo para facilitar el acceso ciudadano a esa información. La iniciativa remarca que cuando un sistema influye en beneficios, servicios públicos o interacciones con el Estado, las personas deberían poder saber que existe, comprender qué función cumple y conocer, en términos claros, los criterios relevantes de su utilización.

Por último, Colombia también avanzó mediante lineamientos para entidades públicas. El Ministerio TIC actualizó su modelo de seguridad y privacidad de la información con directrices aplicables a todo el ciclo de vida de sistemas de IA, desde su diseño y desarrollo hasta su operación y mantenimiento. El énfasis en la gestión de riesgos, la privacidad y la seguridad confirma que la gobernanza de IA no puede tratarse como una cuestión aislada de las obligaciones ya conocidas por las organizaciones.

En conclusión, la gobernanza de IA ya no es solo un debate sobre la futura aprobación de leyes integrales. Las organizaciones públicas y privadas debieran entonces preguntarse si sus prácticas de gestión de datos, seguridad, transparencia, documentación, supervisión humana y rendición de cuentas están preparadas para los sistemas que se están implementando hoy.