El pasado 22 de octubre, la asociación civil sin fines de lucro Hiperderecho presentó dos denuncias contra Telefónica del Perú S.A. luego de conocerse, tras una investigación realizada por el equipo periodístico de Ojo Público, que existirían posibles riesgos para la privacidad de la ubicación de los clientes de Telefónica en las bases de datos que dicha compañía vende al Estado. La primera denuncia fue interpuesta ante la Dirección de Supervisión y Control de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia a fin de que la Dirección determine la legalidad de dichas prácticas, así como su consecuencia hacia terceros. En específico, se solicita determinar si Telefónica vulneró los principios de finalidad, proporcionalidad y consentimiento, reconocidos por la Ley de Protección de Datos, o alguna otra infracción a la norma. La segunda denuncia fue interpuesta ante la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Organismo Supervisor de Inversión Privada en las Telecomunicaciones (OSIPTEL) a fin de que ésta determine si Telefónica vulneró el artículo 67(c) de la Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-CD/OSIPTEL (Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones) al recopilar datos sobre el sexo, la edad, el lugar de origen, nivel socioeconómico o desplazamientos de sus usuarios, registrarlos y procesarlos con fines distintos a la prestación del servicio de telefonía móvil en el marco de su programa Smart Steps, para posteriormente transferirlos a terceros.
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