El Ministerio de Educación, en unas pruebas obligatorias realizadas a estudiantes de 11 años, incluyó preguntas denominadas "datos asociados". Estas preguntas, que fueron incluidas sin contar con el consentimiento de los padres de familia, incluían la solicitud de datos personales que, según la normativa de Costa Rica, se consideran datos sensibles. Producto de ello, renunció la ministra de educación y un juzgado ordenó de forma cautelar que se suspenda cualquier tipo de tratamiento de estos datos personales. Adicionalmente, la fiscalía inició una investigación ante el posible delito de violación de datos personales.
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