El pasado viernes 21 de febrero, se publicó un decreto mediante el cual se le ordenaba a todas las instituciones públicas a enviarle a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD, por sus siglas) toda la información que esta unidad solicitara, salvo que se tratara de secretos de Estado. Dado que este decreto a todas luces violentaba las normas de protección de datos, luego de varios reclamos, fue derogado el decreto horas después de su publicación. Actualmente, lo realizado por esta unidad se encuentra en investigación, dado que se informó que estaba actuando desde hace varios meses.        
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