El 6 de septiembre, el juez del I Tribunal Federal Civil de São Paulo resolvió un caso de violación de datos que afectaba a 4 millones de personas, imponiendo importantes multas. Si bien la decisión resalta la urgencia de fortalecer los mecanismos de seguridad y transparencia, ha generado controversia por su desproporción en las sanciones y por desviarse de precedentes que exigen pruebas concretas de daños para justificar la compensación. El caso destaca la necesidad de crecer el debate judicial sobre protección de datos en Brasil.