Un Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina denegó una acción de hábeas data de un individuo cuyo objetivo era obtener información sobre los datos obrantes en los registros del órgano estatal encargado de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y de una entidad financiera y, en caso de corresponder, ordenar la supresión de los mismos. En el caso se determinó que si bien la acción interpuesta constituye un medio adecuado para ejercer el derecho a obtener acceso a los datos personales, aquel derecho no puede emplearse cuando el suministro de tal información pueda afectar la seguridad, la defensa nacional, las relaciones exteriores o la investigación de posibles delitos.
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