El Gobierno de Chile, con el fin de facilitar la obtención de prueba por parte de la Fiscalía (Ministerio Público), buscaría ampliar la obligación de retención de información por parte de las compañías de telecomunicaciones en el país. El Reglamento Sobre Interceptación y Grabación de Comunicaciones Telefónicas y de Otras Formas de Telecomunicación, fue dictado en el año 2005, a través del Decreto 142, estableciendo la obligación de los proveedores de acceso a internet de mantener, en carácter reservado pero a disposición del Ministerio Público, un listado actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y un registro, no inferior a seis meses, de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados. El Gobierno busca ampliar dicha obligación de retención a dos años e incluir otros datos comunicacionales, tales como SMS, MMS, direcciones de correo electrónico, mensaje a través de aplicaciones de celulares y URLs. El Gobierno ha señalado la necesidad de actualizar el decreto vigente con el fin de adaptar el mismo a las nuevas tecnologías y asegurar la obtención oportuna de prueba, dado que el actual tiempo de retención establecido por el reglamento en ocasiones ha resultado insuficiente para este objetivo. Por otro lado, distintos actores de la sociedad civil han mostrado preocupación por la ampliación de facultades que supondría la aprobación de las modificaciones al reglamento, existiendo violaciones a la Constitución Chilena, a juicio de ellos. El Decreto respectivo se encuentra siendo revisado por la Contraloría para confirmar su legalidad.
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