Luego de meses de discusión, la Contraloría General de la República de Chile decidió no dar curso al polémico decreto del Ministerio del Interior, que establecía un nuevo reglamento de interceptación de comunicaciones y de conservación de datos comunicacionales –que llegó a ser conocido como el decreto espía-, por no ser ajustado a derecho. La Contraloría fundamentó su dictamen en el cual las disposiciones del decreto buscaban regular materias propias de ley, excediendo la potestad normativa de la administración. El rechazo ya ha motivado el pronunciamiento de distintos actores en torno al tema, que aplauden la decisión de la Contraloría.
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