Chile es un país que, a primera vista, pareciera tener una legislación bastante completa en materia de protección de datos. Hace unos meses, la protección de datos personales se consagró como una garantía constitucional que complementó las garantías de privacidad e intimidad que ya existían en la Constitución. Sin embargo, cuando miramos fuera de la consagración constitucional, los organismos normativos relacionados con el tratamiento de datos y asuntos relacionados con delitos informáticos se han vuelto parcialmente obsoletos debido a fallas en la actualización del marco regulatorio. Por ello, el Gobierno de Chile anunció la implementación de la Agenda Digital 2020 en noviembre de 2015, la cual pretende ser la guía para el desarrollo y la evolución de diversos temas relacionados con las tecnologías de la información. Las iniciativas en la Agenda Digital se relacionan con la conectividad, gobierno, economía y competencias digitales y, entre ellas, se incluyen la actualización de las reglas sobre el tratamiento de datos personales y sobre delitos informáticos. En cuanto a la regulación en materia de seguridad cibernética, hasta mayo del 2018, el panorama legislativo se veía claro y uniforme, con políticas de desarrollo bien definidas, objetivos claros y un calendario establecido por la Política Nacional de Seguridad Cibernética. Pero este progreso constante se reevaluó debido a una serie de ataques cibernéticos que afectaron a los bancos y empresas chilenos, lo que exigió urgencia en el replanteamiento de la agenda legislativa.
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